Mario Polanco | Política y sociedad / NO MÁS IMPUNIDAD

En Guatemala existen al menos cuatro indicadores de violencia, todos ellos elaborados por instituciones del Estado, cada uno con información diferente, debido a que cada institución obtiene los datos de distinta fuente y de forma diversa. En tanto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) está presente en cualquier lugar del país en donde una persona haya perdido la vida, la Policía Nacional Civil (PNC) elabora reportes de quienes sufrieron heridas mortales, perdiendo posteriormente el rastro cuando son trasladadas a centros asistenciales, en los cuales podrían fallecer como consecuencia de esa violencia; a partir de ahí, aunque la PNC ya no está, el INACIF sí documenta ese deceso.

Las otras dos dependencias del Estado que elaboran registros de los casos que conocen son el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ); pero, debido a la mora judicial, no representan la totalidad de crímenes homicidas ocurridos en el país.

El Grupo de Apoyo Mutuo ha presentado públicamente el informe sobre violencia homicida del periodo enero-octubre 2018, el mismo es elaborado con indicadores oficiales brindados públicamente por el Inacif, que, como ya se expuso, posee los datos con mayor fiabilidad, además de ser información oficial.

De los datos obtenidos del Inacif se puede apreciar que aunque la violencia ha descendido, la cantidad de personas que han perdido en la vida en estos 10 meses del año es excesivamente alta; visto desde otros países, podría parecer que internamente existe una guerra fratricida.

Entre enero y octubre 4 121 personas han perdido la vida, en promedio 14 personas por día son víctimas de homicidio, en el 71 % de los casos se emplea arma de fuego que, debido a la pobre tecnología y falta de voluntad, es imposible que se pueda investigar a través de exámenes de balística a qué arma pertenece o si esa arma está registrada legalmente.

14 muertos diarios en un territorio que apenas sobrepasa los 100 kilómetros cuadrados refleja la debilidad de las instituciones que debieran garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El actual Gobierno debe hacer una valoración acerca de si conviene continuar con las políticas de seguridad que se han venido implementando o si, por el contrario, las mismas deben ser renovadas. Incluso, debería evaluarse si no conviene la creación de nuevas políticas que estén encaminadas a trabajar la cultura de denunciar y darle seguimiento a cada caso que se presente ante la PNC o el MP.

En la actualidad, la población no denuncia por desconfianza en las instituciones del Estado, existe la percepción social acerca de que no reaccionarán y que incluso podría haber represalias contra quien se atreve a presentarse ante esas instituciones a denunciar determinado hecho.

La denuncia debiera ir encaminada a trabajar la prevención, es mucho más barato y conveniente prevenir que combatir. El combate eleva los costos de uno a 100 o más, además de ser sumamente prolongado en el tiempo y con altos costos humanos y sociales.

Mario Polanco

Graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con Maestría en Seguridad y Defensa por la Universidad Mariano Galvez, actualmente director del Grupo de Apoyo Mutuo. Activista de derechos humanos, haciendo esfuerzos para que no haya más impunidad.

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