Mauricio José Chaulón Vélez | Política y sociedad / PENSAR CRÍTICO, SIEMPRE

En solamente dos días, el sistema dominante en Guatemala arremete en contra de dos líderes comunitarios: Abelino Chub Caal y Luis Arturo Marroquín. El primero, un dirigente maya q’eqchi´ que ha defendido el territorio en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, debido al avance del monocultivo de palma africana y la minería de extracción de níquel. Ambas actividades han deteriorado la tierra y los suelos, y al mismo tiempo han agudizado la contaminación del lago de Izabal. Mientras, despojan a comunidades enteras de sus tierras, por lo que crece la acumulación por despojo.

Abelino Chub fue detenido el 4 de febrero de 2017, y desde esa fecha hasta la presente semana ha sido sometido a un proceso judicial desgastante, alargado como una estrategia de tortura para él, su familia y la comunidad. El pasado martes 8 de mayo fue enviado a juicio oral y público, haciéndole permanecer en prisión preventiva por más de un año. ¿Cuál es el delito impuesto? Se le acusa de dirigir a comunitarias en la toma de la finca Plan Grande el 7 de agosto de 2016; asimismo, de estar al frente de la ocupación y del no desalojo de la finca El Murciélago el 26 de octubre de ese mismo año, la cual se supone pertenece a la empresa CXI en el municipio de El Estor, Izabal.

También se le acusa de promover un incendio para quemar las plantaciones de banano y de palma africana en la finca Plan Grande. Se le representa, entonces, como un delincuente y un terrorista, cuando en realidad se trata de un defensor de los derechos comunitarios, del territorio, de la Naturaleza y de la vida, frente al avance de la contaminación, el despojo, el desarraigo, la falta de alimentos, la desnutrición, la enfermedad y la muerte que conllevan los monocultivos y las actividades extractivas. Es, por lo tanto, un prisionero del sistema, un preso político.

Su defensa ha demostrado que los argumentos de la parte acusadora son inconsistentes, ya que, en palabras concretas de aquella, basándose en documentos sólidos «las fincas que se reclaman hoy, fueron despojadas a las comunidades durante la guerra, las colindancias no coinciden como indican las escrituras».

Quienes han violado la ley de manera constante han sido las empresas que explotan a las y los campesinos, al territorio y a la Naturaleza, en complicidad con un Estado corrupto e ineficiente para las mayorías. Predomina una forma estatal finquera al servicio de la clase dominante local y de la división internacional del trabajo, dentro de un capitalismo salvaje que sigue siendo semifeudal a lo interno y garante de la corporatocracia neoliberal a lo externo, en el modelo centro-periferia.

Mientras a un Rodrigo Arenas y a un José Andrés Botrán se les liga a proceso por el delito de financiamiento ilícito, en un caso de alto impacto para el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero se les otorgan medidas sustitutivas con una fianza que pueden pagar fácilmente y se les envía a sus casas por medio del arresto domiciliario pudiendo incluso salir a la calle, a un defensor comunitario indígena y campesino se le mantiene en prisión y se le envía a juicio oral sin medidas sustitutivas. Y ese mismo Ministerio Público es parte acusadora contra él, él que lucha contra una de las peores formas de corrupción: la extracción de la vida por parte del sistema de muerte.

Por eso fue asesinado, la mañana de hoy cuando empecé a escribir estas líneas, el dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) en Jalapa, Luis Arturo Marroquín. Pertenecía al núcleo central de la dirigencia de Codeca, y se desempeñaba como coordinador organizativo y político para la región oriente de Guatemala. Desde hacía varios años se destacó como defensor de derechos humanos y, ya vinculado a Codeca, luchó de forma incansable por la defensa del territorio, por los derechos laborales y sociales, por la nacionalización y estatización de los bienes y servicios, así como por el fortalecimiento del movimiento campesino y de los movimientos históricos, en articulación y unidad para la Asamblea Popular y Plurinacional como mecanismo coherente y concreto de transformación de un sistema socioeconómico de explotación y atraso.

¿A quién le hizo daño Luis Arturo Marroquín? A los poderes establecidos, que desde el anticomunismo, el cual se basa en el anticomún y por ende en el anticomunitarismo y la anticomunidad, corrompen todas las estructuras en países como este, y actúan de manera reaccionaria, con toda la impunidad, contra quienes defienden la vida. Esas empresas privadas y esos individuos, en complicidad con el Estado y quienes en conjunto han sido creadores y propiciadores del crimen organizado (incluso formando parte del mismo) y que muchas veces lo utilizan como excusa y vehículo para ejercer la violencia y desligarse, amedrentan, amenazan, intimidan, aterrorizan, desarraigan, destierran, expulsan, censuran, invisibilizan, racializan, criminalizan, judicializan, encierran, torturan y matan.

Mientras en los centros de poder todo transcurre entre el consumismo, la enajenación, la alienación y los pactos entre élites, en el campo –donde se produce y se resiste contra las estructuras de dominación más aberrantes–, dirigentes comunitarios son reprimidas y reprimidos de múltiples formas. Esa es una de las realidades del capitalismo. Esa es una realidad de Guatemala, país en el cual se siguen utilizando métodos de la guerra interna para asesinar y silenciar.

Mauricio José Chaulón Vélez

Historiador, antropólogo social, pensador crítico, comunista de pura cepa y caminante en la cultura popular.

Pensar crítico, siempre