Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Todavía están frescas aquellas imágenes del 2015, en la Plaza Central, cuando multitudes impresionantes, encendidas en patrio ardimiento, acudieron a protestar para exigir la dimisión de Pérez Molina y toda su corte corrupta. Pero los acontecimientos trascendieron el marco de lo meramente penal y, en medio de las consignas, surgió una que pretendía aprovechar la situación para incidir en las inminentes elecciones generales de ese año.

“En estas condiciones, no queremos elecciones” rezaba la proclama. Era una propuesta interesante, emotiva, que sin duda captaba el interés de amplios sectores de la sociedad. Pero no era razonable. Las condiciones estaban trazadas desde el texto constitucional y no había nada que se pudiera hacer para cambiarlas. Como finalmente ocurrió.

Estamos a un año de celebrar un nuevo proceso electoral, y en algunas redes sociales se vuelve a esbozar, aunque sin la enjundia de antes, la incitadora consigna. Pero el escenario social es distinto al de 2015, mientras el político, por el contrario, es muy parecido. Y entonces uno debe preguntarse: ¿qué hemos hecho en estos cuatro años para cambiar esas condiciones?

“Yo he puesto como 200 likes”, dirán muchos dedicados feisbuqueros, al igual que otra cantidad inapreciable de tuiteros. Algunos oenegeros, pretendiendo ser más proactivos, dirán que asistieron a todas las reuniones programadas por el Congreso de la República, cuando Mario Taracena se fabricó aquella fantasía del “consenso” en torno a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En todo caso, ahí están las respuestas: realmente no “hicimos” nada efectivo para cambiar las reglas y a estas alturas, nuevamente, es muy tarde para modificarlas. Las reformas electorales antes mencionadas entraron en vigor y una segunda generación aún espera el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, pero el tiempo se ha hecho demasiado corto para ponerlas en práctica antes del acontecimiento electoral del 2019.

Y luego, se mordió el anzuelo de que el problema político de Guatemala reside en las leyes y nada más que en estas, cuando se trata de un asunto mucho más profundo, incluso ancestral, que no se arregla con emitir un conjunto de normas que, tarde o temprano terminan por ser insuficientes. Algunas causas -no todas- son la carencia de liderazgo auténtico, postulación de diputados comerciantes y ausencia de cuadros políticos formados.

Así que a menos que ocurra un golpe de estado de corte militar que suspenda el régimen constitucional, en junio del año entrante estaremos acudiendo a las urnas, en las mismas condiciones, en la misma ciudad y con la misma gente.

Y aunque el esquema aún no está definido, no es preciso ser un erudito para anticipar que las extremas derecha e izquierda no tendrán sino otra oportunidad simbólica. Ambos lados del espectro, en lugar de erigirse como opciones, se perdieron en acusaciones y provocaciones dizque ideológicas, que en el fondo no fueron sino planteamientos fútiles, como esa patraña de que los zurdos apoyan a la Cicig para construir un régimen socialista al estilo de Venezuela.

Por tanto, la Presidencia y demás cargos se definirán alrededor de las propuestas hacia el centro -lo cual ha sido la constante en nuestro país desde que se inauguró el período democrático-, pero, al contrario de ocasiones anteriores, lo que va a determinar las posibilidades de un aspirante, será la calidad del enfoque y la capacidad que se demuestre tener para avanzar en los temas de nación que siguen pendientes.

Una primera tarea que debería ocuparnos -y a quienes van a participar en la contienda del 2019- es empezar a definir los rasgos generales de lo que será la próxima gestión. Quien presida debe tener el coraje de impulsar modificaciones institucionales, si no radicales, al menos consistentes y en línea con las aspiraciones ciudadanas, entre otras cosas, para asegurar su propia gobernabilidad. Y debería tenerse claro también que el próximo gobierno no va a poder limitarse a administrar la crisis secular del Estado -como ha sido la costumbre de la mayoría de mandatarios-, porque la presión en pro de mayor eficiencia va a ser descomunal.

Deberá entenderse, además, que Jimmy Morales -sea que concluya su mandato o no- va a dejar un país con mucho más deterioro institucional, presupuestario y programático del que tenía al recibirlo, en un escenario donde las políticas neoliberales amenazan con tomar nuevo auge. Sin olvidar que se deberá trabajar sobre una plataforma transversal de referencia: la lucha permanente contra la corrupción y transparencia absoluta en todos los órdenes de la gestión.

Entonces, los líderes políticos deben asumir que si van a tener la osadía de desempeñar cargos públicos, será para sacudir al Estado de su habitual letargo, el cual suele caracterizar los cuatro años del período. Luego, estarán obligados a emprender un proceso urgente de reformas del Estado, a corto y mediano plazo. Una especie de gobierno transicional que genere un nuevo marco democrático.

De lo contrario, ningún gobierno tendrá asegurada una existencia tranquila y, menos, que llegue a su final. Así que, en junio próximo, los aspirantes no solo estarán frente a una elección. Tendrán ante sí un menudo dilema: o lideran un proceso político realmente renovador en todos los órdenes de la administración pública, o se arriesgan a que, entonces sí, la ciudadanía defina las nuevas condiciones… y no necesariamente para las siguientes elecciones.

Imagen principal tomada de Brújula.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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