-Jorge Mario Salazar M. / PALIMPSESTO–

El Consejo Económico y Social, CES, fue una pensada digna de un sholón. Una estrategia concebida para instalar un cubículo en donde poder apretar focos, figura semántica también utilizada por Gustavo Porras para referirse a la diletancia o discusión interminable sobre asuntos profundos pero imposibles de resolver con solo discutir con un sueldo o remuneración extra. El CES, en otros países democráticos capitalistas, conforma grupos de incidencia en política pública que constantemente analizan los factores que afectan la dinámica social como consecuencia de las políticas económicas que redundan en la vida ciudadana, tales como la inflación, la escasez, la especulación, el tipo de cambio, la producción, la migración, el desempleo, la seguridad social, la salud, la educación y el terrorismo, para aconsejar a los gobiernos acerca de políticas de mitigación de los efectos negativos y la conspiración mediática para sofocar la agitación para que esta no cunda entre las masas de desposeídos que pululan por las urbes de las grandes capitales.

Por otra parte, estos consejos económico sociales, están constituidos por personas sombrías, es decir, sin mucho brillo político ni económico. Personas que no sobresalen por sus habilidades organizativas o gerenciales sino, precisamente, por mantenerse en un perfil bajo, pero pegaditos al poder como las anémonas. Economistas, banqueros, administradores públicos, directores de organismos internacionales o gestores de multilaterales con experiencia internacional en administración de conflictos, forman parte de estas instancias que sin mojarse los zapatos impulsan las políticas de choque económico y controlan el campo de infección del descontento social. La contraparte dentro de estos CES es la pobrería organizada en sindicatos y cooperativas que se hacen de un espacio en las alturas para tratar de manejar los intereses de su sector económico, sometidos a la corrección política en la ilusión de una democracia inexistente. Las políticas económicas velan por el mercado, no por los productores ni los consumidores.

El trabajo que imponen los CES tiene un valor estratégico para economías y democracias de los países que forman la hegemonía global. Estos que se presentan como sistemas abiertos en donde la autocorrección evita que las sociedades entren en picadas de sostenibilidad en medio de la crisis permanente del modelo económico. Esto porque el modelo de acumulación capitalista siempre está en crisis, ya que no tiene sentido sin su carácter excluyente que es lo que permite el crecimiento y así sucesivamente en una espiral infinita. Por una parte, el modelo no ha sido capaz de cumplir con la promesa de bienestar durante los 35 años de reformas estructurales, mientras que la desigualdad se ha profundizado a niveles de no retroceso. Por otra parte, la producción mundial únicamente satisface a una sexta parte de la población y el resto se hunde en la pobreza y la miseria. Esa es la naturaleza del modelo: depredador y suicida.

Entonces el CES de Guatemala, como una caricatura de los otros en el mundo, pretende ser ese consejero al oído del poder real, con lecturas particulares de los sectores que lo integran: 8 miembros del Cacif, 8 miembros del sindicalismo y 8 del cooperativismo, más uno nombrado por el presidente. Si analizamos a cada uno de estos sectores que integran el Consejo, encontramos sin mucha perspicacia que allí no se están brindando consejos que puedan contribuir a la sociedad en su conjunto, sino únicamente a los ahí representados. Todos ellos son beneficiarios directos del Estado y no pertenecen a estructuras que podamos llamar democráticas.

El CES en Guatemala no pasa de ser otra oficina más en donde se habla de lo mismo y se aportan las mismas ideas que se producen en otras instancias de la estructura gubernamental. Su último gran aporte fue participar en la política de generación de empleo junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Comisión para la Competitividad. El resultado de esta política redunda en una declaración para profundizar la flexibilidad laboral, que no es otra cosa que la eliminación paulatina del contrato laboral y los derechos laborales para beneficiar a las empresas y promover el salario diferenciado que requieren las empresas.

Pues, para eso no se necesitan más oficinas que nos cuestan unos 6 millones de quetzales al año. Tampoco sirve para convocar a un diálogo para la solución de la crisis política nacional, ya que no tienen representatividad más que los que apuntalan el sistema cuestionado desde una instancia cuestionada.

El CES no es una instancia necesaria en Guatemala debido a su dependencia de las políticas económicas externas. De esa cuenta es que se autoproponen como mediadores en una crisis política cuya única salida es la salida de los corruptos y esta, al parecer, solo se dará por medio de la vía judicial. El dinero que se gasta en los consejeros mejor dedicarlo a la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

Fotografía tomada de la página web oficial del CES.

Jorge Mario Salazar M.

Analista político con estudios en Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación. Teatrista popular. Experiencia de campo de 20 años en proyectos de desarrollo. Temas preferidos análisis político, ciudadanía y derechos sociales, conflictividad social. Busco compartir un espacio de expresión de mis ideas con gente afín.

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