-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Durante los últimos 20 años, la prensa radial, escrita y televisiva y las redes sociales han señalado que el presupuesto del Ministerio de Educación no alcanza para inversión, porque 90 % del mismo se gasta en salarios. Igual ocurre en otros ministerios. Este argumento, en el caso de la educación, ha sido el caballito de batalla de algunos mercaderes de la educación para atacar al Ministerio de Educación y, principalmente, al magisterio nacional.

Ciertamente, del presupuesto del Ministerio de Educación, 90 % se emplea en salarios, pero no todo se gasta en el magisterio, pues de ese 90 %, solo 69 % es para salarios de dicho gremio, es decir, Q 9 660 millones, que deben alcanzar para más de 140 mil docentes de los distintos niveles educativos, escalafonados desde la clase A, recién ingresados al renglón 011, con salario nominal de Q 3 646.00 mensuales, hasta la clase F, estos últimos con más de 24 años de servicio. A tal salario hay que deducirle los descuentos del IGSS, montepío y auxilio póstumo, con lo que se ve reducido, y ya no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria por los maestros de las clases A, B y C, y menos la canasta básica general, en tanto que los maestro con más años de servicio cubren la canasta básica alimentaria pero no la canasta básica general. ¿Es esto justo?

Por otro lado, del 90 % destinado a salarios, 21 %, equivalentes a Q 2 490 millones, es para pagar salarios de las autoridades educativas, ministro y viceministros, directores de las direcciones generales existentes, asesores, consultores, empleados de la planta central, empleados de las direcciones departamentales y de las supervisiones educativas distritales. Haciendo una comparación, quiere decir que mientras Q 9 660 millones se reparten anualmente entre 140 000 docentes, Q 2 490 millones se están repartiendo entre 20 000 trabajadores de las oficinas. Un cálculo rápido nos dice que los maestros están recibiendo un porcentaje mucho menor que la mayoría de los empleados de planta del Ministerio. ¿Es esto justo?

Por ello es que el magisterio nacional organizado demandó, durante 20 meses, la firma del tercer pacto colectivo o el cumplimiento del artículo 52 del Decreto 1485, de la dignificación magisterial, que establece que los sueldos básicos del magisterio «deben propender a aumentar en proporción al costo de la vida». El Gobierno actual no había querido firmar tal pacto, por la influencia que ejercen sobre el Ministro de Finanzas los sectores empresariales. Fue hasta el jueves 01 de febrero que el Gobierno se comprometió a firmarlo y homologarlo. Tal firma y homologación son, entonces, justas y necesarias, dado que dicho pacto está amparado en leyes nacionales e internacionales y porque no lesiona al Estado, pues el reajuste alcanzado apenas sirve para pagar la canasta básica alimentaria. Además, porque el pacto colectivo del magisterio establece no solo reajuste salarial, sino también algunos logros para las y los niños y padres de familia, aparte de que, con las juntas mixtas establecidas en dicho documento, se negocia directamente entre Mineduc y magisterio, tanto a nivel municipal como departamental, para evitar que los problemas lleguen al nivel nacional.

Si el reajuste consignado en el pacto significan Q 800 millones, debe recordarse que dicha cantidad debe dividirse entre todos los trabajadores del Mineduc y que el 21 % quedará en manos de los altos funcionarios, correspondiendo a los maestros solamente Q 552 millones que, divididos entre 140 000 maestros, dependiendo de la clase escalafonaria, podrían recibir Q 280.00 mensuales, menos los descuentos, con lo que llegarían a unos Q 200.00 mensuales. Por ello, los ataques contra el magisterio por parte de los medios de comunicación, propiedad de los mercaderes de la educación son, entonces, falaces. ¿Es esto justo?

La lucha magisterial, por otro lado, es justa y necesaria, porque además exige el cumplimiento de los programas de apoyo a la niñez; la profesionalización del magisterio en servicio y para que exista un solo modelo de gestión en la contratación de maestros. Son muchos años de lucha, y ningún Gobierno ha querido cumplir lo establecido en la Ley de Educación Nacional, es decir, otorgar a la educación 35 % del presupuesto de ingresos del Estado. Mientras tal obligatoriedad no se cumpla, la educación seguirá sin alcanzar los niveles de calidad que el país necesita para insertarse en la globalidad sin perder su identidad y la lucha magisterial deberá continuar por siempre. ¿Es justo esto?

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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