-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Debemos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora recordando a las 146 mujeres asesinadas en el incendio de la fábrica de camisas en New York en 1911, perpetrado por los empresarios contrarios a las demandas femeninas de exigir mejores condiciones de trabajo. Esto implica, también, no caer en celebraciones baladíes y absurdas que la oligarquía nacional pretende imponer, a través de los mass media, en las mujeres de los diferentes ámbitos, haciéndoles creer que se celebra el día de la mujer por ser bella, tierna, amable y obediente al hombre. ¡Jamás!

Guatemala no tiene nada que celebrar y, al contrario, mucho que conmemorar. Y es que no se puede celebrar el Día de la Mujer en un país en el que hay un promedio de setecientos asesinatos de mujeres en los últimos 10 años. Tampoco se puede celebrar este día en un país en donde hay un promedio de 80 000 niñas y adolescentes embarazadas con violencia o estupro, como lo demuestran las estadísticas nacionales de cada uno de los últimos cinco años.

¿Celebrar qué, en un país donde el trabajo femenino vale menos que el masculino, aunque el primero sea más eficiente? ¿Dónde la mujer indígena es triplemente discriminada por ser mujer, pobre e indígena? ¿Dónde los indicadores educativos todavía evidencian una brecha entre mujeres y hombres, especialmente en el área rural y particularmente indígena? ¿Dónde la mujer, especialmente la del campo, se muere durante el parto o posparto? No es posible celebrar en un país en donde impera el machismo en todos los aspectos de la vida social.

Pero mucho menos posible es celebrar algo, en un país en donde el Estado asesina a sus niñas y adolescentes, como ocurriera en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción hace exactamente un año y que ello quede impune. Porque las características del hecho denotan eso: un crimen de Estado: «recaptura» de las adolescentes; encierro de las mismas en un ambiente pequeño con materiales inflamables; puertas cerradas con llave; policías que no atienden los gritos de auxilio de las niñas que se queman ni permiten que los adolescentes hombres derriben la puerta; donde las llaves de la puerta se desaparecen durante el incendio y después aparecen como por encanto; donde la jueza a cargo no impone su investidura y no penetra al lugar del asesinato; donde se descubre que algunas de las niñas eran vendidas al mejor postor, fuera de la institución, o eran abusadas por los monitores y estaban embarazadas

Y, encima de lo anterior, el vulgo culto e inculto, y hasta algunos comunicadores sociales en diversos medios y redes sociales, indican que se lo tenían merecido por ser pequeñas prostitutas, por ser delincuentes juveniles, cuando un estudio posterior demostró que ninguna de ellas lo era. Y es que, aunque lo fueran, no tenían por qué ser asesinadas por el Estado, a quien las familias se las habían encomendado para protegerlas de los abusos sufridos en casa o en el barrio, por sus propios familiares cercanos o los delincuentes juveniles.

Junto a conmemorar tal fecha tanto por las mujeres trabajadoras asesinadas por los patronos, como por las más de cuarenta niñas asesinadas por el Estado guatemalteco, se debe continuar exigiendo juicio y castigo contra todos los hechores, materiales e intelectuales, de este caso. Alegar ignorancia de no saber manejar un centro de menores no salva a nadie; nombrar a personas sin el perfil necesario para estos centros, solo por amiguismo, resulta igual de irresponsable y culpable. Que los policías, militares y monitores se vieron obligados a cumplir las órdenes de sus superiores, es desconocer el artículo 156 de la Constitución Política de la República, que establece la no obligatoriedad de cumplir órdenes ilegales que impliquen la comisión de un delito.

Hoy, un año después, se debe continuar la lucha porque se aplique la justicia a todos los que estén involucrados en el crimen, independientemente de quiénes sean y qué cargo ocupen. Si bien es cierto, parte de la responsabilidad del cuidado de las y los adolescentes le corresponde, por ley, a los padres y madres de familia, no se debe olvidar que el Estado está organizado para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común.

La lucha de la sociedad civil y las organizaciones e instituciones sociales que velan por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, y particularmente de los derechos de la mujer, deben, este ocho de marzo y cada uno de los otros días del año, mantener la lucha por la justicia en este y otros casos en que el Estado es el culpable del asesinato de mujeres guatemaltecas.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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