-gAZeta / 5 PREGUNTAS A-

¿Cuál es la tendencia universal o internacional en cuanto a la abolición de la pena de muerte?

Se puede afirmar con propiedad que la tendencia universal en cuanto a la abolición de la pena capital es humanitariamente global, desde hace mucho tiempo en que los países de avanzada en materia de derechos humanos la fueron proscribiendo de sus constituciones y del catálogo de las penas extraordinarias, es decir, fueron humanizando, por decirlo de alguna manera, el Ius Puniendi que es la facultad que tiene el Estado de tipificar los delitos e imponer las penas aplicables.

En América, solo Estados Unidos de América (en algunos estados), Cuba y Guatemala la contemplan en sus respectivos cuerpos de leyes, lo cual los coloca a la zaga de la civilización al mantener ese castigo tan cruel como infamante.

¿Qué relación jurídica y moral existe entre la aplicación de la pena de muerte y el valor universal de los derechos humanos contenido en los diversos tratados internacionales?

Los tratados y convenciones internacionales en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, van de la mano porque el derecho a la vida consagrado en todos los ordenamientos constitucionales es el primer derecho humano válido por excelencia como deber del Estado a garantizarlo, no puede concebirse en otra forma, no obstante las regulaciones que establecen la pena de muerte como Guatemala, ahora en un impasse con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declara inconstitucionales los artículos que la imponen.

En mi criterio no se puede concebir derecho sin moral no obstante la bilateralidad del primero y la unilateralidad de la segunda.

¿Podría describirnos brevemente la situación jurídica en que en este momento se encuentra la aplicación de la pena de muerte de Guatemala?

Me parece esta, sin salirme del esquema, la pregunta más importante. La aplicación de la pena de muerte en Guatemala atraviesa por un limbo legal, dado que la honorable Corte de Constitucionalidad en reciente sentencia declaró inconstitucional varios artículos del ordenamiento penal que imponían la pena de muerte.

En virtud de lo anterior, prácticamente deja dicho castigo anulado del ordenamiento legal, y el próximo paso irremisiblemente lo tendrá que dar el Congreso para abolir dicha pena del texto constitucional, lo que, para mí, debió haber ocurrido hace mucho tiempo pero, en realidad, no se podía esperar mucho de los representantes que por razones de incapacidad y por motivos políticos deleznables se empecinaban en mantener ese culto a la muerte, inspirados todavía en épocas dictatoriales con resabios incivilizados.

Recuerdo que dentro de mi práctica profesional (1983), me tocó la experiencia de haber sido defensor de condenados a muerte por los tristemente célebres Tribunales de Fuero Especial (con ribetes de corte marcial…), cuya funesta actuación atentó contra los más mínimos derechos elementales del hombre y contra la garantía del DEBIDO PROCESO, como institución de orden público, en el cual en ese breve tiempo dichos tribunales resultaron más inquisitivos y secretos que la propia Inquisición.

Me extiendo en esta respuesta para agregar que como corolario de la existencia de dichos seudotribunales, a los cuales oportunamente califiqué de secretos y clandestinos por sus procedimientos, nuestra actual Constitución consagró en el párrafo II del artículo 12: «Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente».

No cabe duda que el Constituyente estuvo consciente de esa época de vergonzosa actuación de los Tribunales que vivió nuestra Guatemala, al legislar de esa forma.

¿Cuáles serán los efectos inmediatos en el Congreso después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la aplicación de la pena de muerte?

Como el Congreso de la República es un ente político operado por personas incapaces y sin mayor preparación académica, ya no digamos legal, hasta el punto de que su presidente y otros diputados criticaron la sentencia de la CC en el sentido de que la misma se extralimitó en sus funciones convirtiéndose en ente legislativo… todo se puede esperar del actual Congreso.

La mayoría de sus integrantes ni se preocuparán del decreto de abolición de la pena capital del texto constitucional, a no ser que sea mucha la presión, no obstante que la ciudadanía está sumamente dividida en estos criterios, por no decir polarizada.

En mi opinión, el Congreso, en uso de su facultad legislativa, hace mucho tiempo debió abolir la pena de muerte del texto constitucional, ingresando así Guatemala, al concierto de las naciones civilizadas en el contexto de los derechos humanos.

¿Tienen los políticos guatemaltecos un conocimiento adecuado sobre el tema?

Los políticos en Guatemala, salvo honrosas excepciones en el tiempo y en el espacio, nunca han tenido un conocimiento adecuado respecto al tema de la pena de muerte, no obstante que por dichas instituciones de Derecho Público han pasado abogados y profesionales preparados.

En las campañas electoreras, los políticos inescrupulosos sin conocer del tema, ofrecen dentro del costal de sus mercancías para ganar adeptos la pena capital y un sinfín de promesas para garantizar, según ellos, orden, tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.

Nada mas alejado de nuestra realidad con esa clase de mercaderes políticos-mañosos, cuyo afán de conquistar el poder los hace caer en falacias para encubrir sus verdaderos despropósitos, como lo evidencia la actual crisis que vive nuestro país.

Por Jaime Barrios Carrillo

Eduardo Fernández López: abogado guatemalteco nacido e1 5 de agosto de l942. Graduado en la Universidad de San Carlos. 43 años de ejercicio ininterrumpido en sus profesiones liberales de abogado y notario, sin haber desempeñado nunca cargos públicos. Designado como representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante el Jurado de Imprenta en l983. Activo en el ejercicio profesional como abogado de los tribunales. Participación activa en las conferencias «Desafíos y nuevos retos del Derecho Penal» impartidas por el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, penalista argentino y ministro de la Corte Suprema de Argentina, auspiciadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala (2010).