-Carlos Enrique Fuentes Sánchez / EL EDUCADOR–

Se conmemora el día 25 de febrero porque este día, de 1999, la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH- entregó el Informe Guatemala, Memoria del Silencio. Esta comisión, integrada por Christian Tomuschat, Otilia Lux de Cotí y Alfredo Balsels Tojo, fue un compromiso de Estado establecido en el Acuerdo de Paz firmado en Oslo, el 23 de junio de 1994, para esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimientos a la población, durante el enfrentamiento armado interno de Guatemala, en los años comprendidos entre 1962 y 1996.

Se entiende por víctimas a todas aquellas personas cuyos derechos humanos fueron violentados por uno u otro bando de los involucrados en la guerra. En estos derechos violentados quedan comprendidos los referidos a libertad de pensamiento, de expresión, de locomoción, de asociación, y sobre todo, el derecho a la vida. Se entiende por victimarios a quienes ejecutaron las violaciones de los derechos humanos de las víctimas, en este caso, el Ejército nacional, los patrulleros de autodefensa civil, los comisionados militares y algunos miembros de las organizaciones guerrilleras. Debe aquí considerarse que, según la CEH, 93 % de las masacres ejecutadas durante el enfrentamiento armado fueron perpetradas por el Ejército Nacional de Guatemala y sus cómplices, las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-, 3 % fueron por la guerrilla y 4 % por grupos desconocidos.

Según la CEH, la mayoría de las 200 000 personas asesinadas durante el conflicto armado interno fueron del pueblo maya. Se calcula que 83 % de los muertos eran indígenas y, de ellos, uno de cada cuatro fueron mujeres. En Quiché, casi 80 % del pueblo Ixil fue masacrado. Por ello se acusa de genocidio al general Ríos Mont y otros, porque genocidio se define como cualquiera de los actos cometidos (asesinar, provocar serias lesiones físicas, imponer medidas para impedir nacimientos, transferir niños) con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

En 1986, con Vinicio Cerezo en el poder, se empezó a hablar de paz en Centro América, pero las atrocidades del Ejército contra la población civil se mantuvieron hasta que, en diciembre de 1996, el Gobierno de Álvaro Arzú se vio obligado a firmar la paz firme y duradera. El saldo al final de la guerra, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, fue de 200 000 muertos, 45 000 mil desaparecidos, y más de 100 000 desplazados. Otras consecuencias fueron el terror, la impunidad, la criminalización de las víctimas; la cultura del silencio, el debilitamiento institucional, la militarización de la sociedad; la ruptura del tejido social, el desplazamiento y refugio, los costos sociales en salud, educación y la indocumentación.

Por todo lo anterior es importante conmemorar el 25 de febrero porque, aparte de constituir parte de la memoria histórica, es necesario un entierro digno, un reconocimiento a su nombre, un resarcimiento para todas las víctimas, muchas de ellas mujeres, hombres y niños, personas inocentes, que no participaron en la guerra pero fueron víctimas de ella. Por ello, la Comisión de Esclarecimiento Histórico dejó al Estado Guatemalteco 6 recomendaciones. Estas son:

1. Medidas para preservar la memoria de las víctimas (dignidad de las víctimas y memoria de las mismas). 2. Medidas de reparación (programa nacional de reparación; desaparición forzada, política activa de exhumaciones; difusión y enseñanza del informe). 3. Medidas a los funcionarios responsables (examen de la conducta de los oficiales militares y policías de la época del conflicto y adopción de medidas administrativas). 4. Administración de justicia (estricto cumplimiento de las recomendaciones de la CEH, cumplimiento de la Ley de Reconciliación Nacional; análisis de los instigadores de los crímenes contra las víctimas y regulación del derecho de habeas data en cumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la república). 5. Función de las fuerzas armadas y policiales (definición de las funciones de cada institución de seguridad, nueva doctrina militar y nueva doctrina de las fuerzas de seguridad). 6. Seguimiento, por parte del Congreso de la República creando la entidad responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH.

Con un análisis simple de las anteriores, puede deducirse que solo la primera ha sido cumplida, pues las dos partes, el Estado y la URNG han presentado la disculpa respectiva a las víctimas y a la población nacional; además, se ha cumplido con la declaración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la violencia, y, parcialmente, la construcción de algunos parques públicos en memoria de las víctimas, así como la asignación de nombres de las víctimas a algunos centros educativos, edificios y vías públicas. De las otras, algunas no han sido cumplidas y otras solo están parcialmente cumplidas. Es deber de la sociedad civil conocer estas recomendaciones y exigir el cumplimiento de las mismas.

Carlos Enrique Fuentes Sánchez

Pedagogo y Educador, con 40 años de experiencia docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional; surgido de los barrios pobres de la Capital pero formado en diferentes departamentos de la republica. participante y decisor en procesos y redacción de documentos de trascendencia en la educación nacional en los últimos años. Asqueado de la historia de injusticia social que vive Guatemala desde la invasión Española, así como de la historia de masacres y crímenes políticos sufridos por la población, aspira a una Guatemala diferente, justa, democrática y humana, a la cual se pueda llegar por medio de una educación popular y revolucionaria, para todos y todas.

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