Ruth del Valle Cóbar | Política y sociedad / HILANDO Y TEJIENDO: MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

El 30 de agosto se conmemora internacionalmente el día de las víctimas de las desapariciones forzadas, por un acuerdo de Naciones Unidas. En su resolución, la ONU consideró que la desaparición forzada se ha usado como estrategia de terror en la ciudadanía y que la victimización en ese sentido no se limita a la persona desaparecida ni a sus parientes más cercanos, sino a la propia comunidad y al conjunto de la sociedad.

Hace años, las desapariciones forzadas se dieron en el contexto de conflictos armados, fundamentalmente en el continente americano, pero en la actualidad continúa siendo utilizado como un método de represión política contra la oposición. En algunos países se utiliza la excusa de la lucha contra el terrorismo, pero en general se dirige a la oposición política, especialmente a personas defensoras de derechos humanos.

En Guatemala lo conmemoramos el 21 de junio, en memoria de la dirigencia sindical que fue detenida y posteriormente desaparecida ese día de 1980 en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). La reunión de la dirigencia sindical era para tratar sobre el asesinato de dos líderes la semana anterior. Aproximadamente 60 agentes del Estado, vestidos de particular, con los rostros cubiertos y fuertemente armados, allanaron la sede sindical alrededor de las tres de la tarde, rompieron puertas y archivos, mientras sacaban a golpes a las personas reunidas. Un operativo rápido, de no más de cinco minutos, en el que desviaron el tráfico sobre esa cuadra y a pocas cuadras del Palacio Nacional, es decir, en el círculo del poder.

Pocas personas sobrevivieron al hecho, gracias a quienes se conocen algunos detalles de esa operación relámpago que hizo desaparecer a por lo menos 27 líderes, como corolario del hostigamiento que venían sufriendo hacía más de un año: estalló una bomba en su sede año y medio antes, hubo varios allanamientos en los que golpearon al guardián, en febrero habían detenido a siete dirigentes, colocaron amenazas escritas anónimas en los casilleros y en los baños, así como seguimiento y vigilancia sobre varios de ellos.

Como ellos, hay alrededor de 40 000 personas más cuyo paradero se desconoce. Asimismo, se considera que, producto de las acciones contrainsurgentes, situación similar sufrieron por lo menos 5 000 niñas y niños. Esto se suma a las más de 200 000 víctimas mortales que se calcula hubo en el llamado conflicto armado interno.

Aunque la práctica de la desaparición forzada en América Latina fue iniciada en Guatemala en los años 60, esta puede tener su origen en la política nazi de «noche y niebla», que implicaba aislar a los prisioneros y negar cualquier información sobre su paradero o destino, es decir, desapareciéndolos y borrando su rastro.

Esa incertidumbre es la que consume a la familia, los amigos, la comunidad; no saber qué pasó, cómo está, si va a volver o no. Además, se les niega la posibilidad de ser mártires, porque sus cuerpos no aparecen y toca a la familia la responsabilidad de declararlos muertos; por ello las familias vuelcan sus vidas a buscar a sus seres queridos, manteniendo la esperanza. La familia deja su vida para buscar a la persona desaparecida, pero también porque, muchas veces, a quien desaparecen es al sostén económico de la misma, lo que rompe la cotidianeidad del resto de familiares.

Pero también tiene el efecto amedrentador en el entorno, al pensar que si se continúa la lucha reivindicativa, a una misma puede sucederle algo así. Eso genera temor y hasta terror. Es parte de la guerra psicológica.

Así de grave es la perversión que entraña la desaparición forzada. No permite que se haga el duelo, obliga a que sean las personas quienes «maten» a sus seres queridos. Mantiene la incertidumbre y la angustia.

Guatemala está llena de miles de madres, hermanas, hijas, amigas de personas desaparecidas durante la guerra. Por eso es que no se vale que olvidemos lo que los militares hicieron con las personas que lo único que buscaban era un país mejor; incluso en los casos en que las personas hubieran elegido la vía violenta para lograrlo, el Estado estaba obligado a darles las garantías judiciales, abrir canales de diálogo, asegurar el derecho a la participación, entre otras cosas, porque este país es de todos y no solo de quienes asesinaron, secuestraron, desparecieron, torturaron… y hoy lloran como niños aduciendo su avanzada edad para evadir la justicia.

Sea este un modesto homenaje a nuestras personas queridas que fueron detenidas-desaparecidas o desaparecidas forzadamente, en particular a Marco Antonio Molina Theissen, a su madre y sus hermanas, que no han descansado en la búsqueda de su cuerpo y de justicia para su vida, en estos días que se cumplió el primer aniversario de que un tribunal guatemalteco dictara sentencia contra los militares que dirigieron el operativo y son responsables del destino de Marco Antonio.

Fotografía principal tomada de La Prensa Libre.

Ruth del Valle Cóbar

Feminista, defensora de derechos humanos, investigadora social, constructora de mundos nuevos. Ha pasado por las aulas universitarias en Ciencia Política, Administración Pública, Psicología Social, Ciencias Sociales. Transitado del activismo social al político, incluyendo movimientos sociales, organizaciones sociales, entidades gubernamentales y del estado.

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