Edgar Rosales | Política y sociedad / DEMOCRACIA VERTEBRAL

Y bien, hemos llegado al 2019, año electoral para más señas, sin embargo, para la sociedad guatemalteca, esta coyuntura tiene en juego mucho más que cualquiera de las ocho contiendas anteriores. Más que una campaña electoral de pronóstico y alto octanaje, o una simple decisión en las urnas receptoras de votos, lo que está en juego es mucho más complejo: el dilema entre democracia y dictadura.

Es cierto que para muchos guatemaltecos nuestra democracia es una decepción total, porque no ha cumplido con las expectativas, porque ha sido un instrumento al servicio de la corrupción y porque dista mucho de tener los alcances de los sistemas democráticos de otras latitudes, donde estos se han convertido en vehículos para la construcción de la democracia económica y social.

Aún así, debemos aceptar que no tenemos más remedio –por ahora– que aceptar las reglas de juego establecidas, aunque muchos se resistan a comprenderlo, en parte porque desconocen las atrocidades antidemocráticas, inhumanas y violentas que imperaban en el país hasta 1985 y, en parte, porque la clase política, con sus acciones impopulares y corruptas, se ha encargado de hacer pedazos el espíritu democrático que inspiró este proceso histórico.

En otras palabras: nos guste o no, esta democracia imperfecta es la que tenemos a la mano y mientras esté vigente la Constitución de la República y demás esquema jurídico-institucional, no es posible jugar con reglas distintas, sin caer en un rompimiento que pondría en entredicho lo que va quedando del Estado de derecho.

Sin embargo, esto último parece que no a todos les queda muy claro y se han empeñado –el presidente Jimmy Morales en primera fila– en propiciar el descalabro de la precaria institucionalidad, sin importarles ni medir las consecuencias de un rompimiento de esa naturaleza en medio de un escenario de polarización ideológica, tal la característica principal de esta crisis política.

Precisamente, en los días previos a la Navidad, el doctor Virgilio Álvarez hizo circular un valioso análisis –que calificó como una «especulación sobre el futuro político y social del país»–, por medio del cual sugiere la posibilidad de un rompimiento constitucional –que podría llegar a la deslegitimación o, incluso, suspensión del proceso electoral– como medida extrema para que el oficialismo y sus comparsas eviten no solo una persecución penal en curso, sino propicien el regreso –real– a los sistemas represivos de inicios de los 80 y asegurar así la sobrevivencia de la fracción oligárquico-empresarial, afín al Pacto de Corruptos.

Según el documento, la lucha contra la Cicig no se queda únicamente en impedir el retorno del comisionado Iván Velásquez o lograr el cierre definitivo de la Comisión. «No se intenta salvar a los ya detenidos, sino más bien ocupar su espacio para seguir usando los recursos públicos para satisfacer intereses personales. El propósito es restaurar el régimen previo a 1982, cuando se vociferaba defensa de la democracia, pero se ponían todas las instituciones al servicio de los intereses de la oligarquía y los militares, sus protectores y aliados».

La tesis anterior no es para nada descabellada, si se toma en cuenta que numerosas acciones del presidente Morales han estado ensombrecidas por la nefasta rosquilla militar que volvió a tomar el control de la institución armada y que no ha escatimado esfuerzos para demostrar –ante el mundo y no solo ante el país– el manipuleo descarado que hacen del iluso y maleable mandatario.

Pero no es todo. Apenas se había hecho circular el escrito antes mencionado, cuando la Procuraduría General de la Nación presentó una cuestionable denuncia en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la cual se presentan objeciones a resoluciones de dicha instancia, pese a que contra las mismas únicamente cabe el recurso de Ampliación y aclaración.

Este hecho ha causado honda preocupación en diversos sectores. Obviamente, Morales y sus adláteres están dispuestos a jugar con fuego y con todos los instrumentos –legales o no– de los que puedan disponer, lo cual incluye el quebrantamiento del orden constitucional mediante actos de los que no se descarta la renuncia obligada del presidente y vicepresidente (si fuese conveniente para estos propósitos), la suspensión de garantías individuales, anulación de facto de la CC y entidades como la PDH, hasta la postergación indefinida del proceso electoral.

Y es que las condiciones políticas cada vez son más adversas para Morales, su juntita y el Pacto de Corruptos. Según las tendencias electorales, la disputa por la Presidencia se centra en tres candidaturas: Sandra Torres –quien encabeza algunas encuestas serias–, Thelma Aldana y Zury Ríos, aunque al final esta última no debiera participar, debido a las prohibiciones constitucionales que pesan sobre ella, tal como se explicó en un artículo anterior.

De ser así –y esto es una interpretación ajena al citado documento– ni Torres ni Aldana son candidatas bienvenidas por Jimmy y su cohorte, y se convierten en aspirantes antisistema por definición. Ante ello, de llevarse a cabo las elecciones como está previsto, a los efecenistas y demás grupos de ultraderecha solo les quedaría el camino de descalificar el proceso reviviendo las viejas acusaciones de fraude, tan socorridas en los años 70 y 80, siempre y cuando tengan la capacidad de armar en el Congreso una aplanadora formada por el resto de minibancadas, pero suficiente para imponer condiciones a quien resulte ganador de la contienda.

La historia se repite, reza un conocido aforismo. En nuestro caso, ello no es descartable, sobre todo porque nuestro pueblo se resiste, con afán cerril, a aprender las lecciones históricas que le ha tocado sufrir. Lo que sí es seguro, es que el dilema entre democracia y dictadura, en este 2019, será más latente que nunca en nuestra vida institucional reciente.

Imagen tomada de El Columnero.

Edgar Rosales

Periodista retirado y escritor más o menos activo. Con estudios en Economía y en Gestión Pública. Sobreviviente de la etapa fundacional del socialismo democrático en Guatemala, aficionado a la polémica, la música, el buen vino y la obra de Hesse. Respetuoso de la diversidad ideológica pero convencido de que se puede coincidir en dos temas: combate a la pobreza y marginación de la oligarquía.

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